Renta Dignidad, su aumento y la sostenibilidad en año con déficit


René Martínez Céspedes / La Paz 

El Gobierno anunció el incremento de  50 bolivianos mensuales para el pago de la Renta Dignidad a sus beneficiarios. Esta decisión se aplica en un contexto de déficit fiscal, con una tendencia de gastos que se incrementan e ingresos que se reducen, lo que pone en duda la sostenibilidad de su financiamiento.

Autoridades económicas del Gobierno comprometieron que desde julio de 2019 el pago mensual de la renta subirá de  300  a  350 bolivianos para los no rentistas y de  250 a  300 bolivianos para los rentistas. En suma, los beneficiarios llegan a un millón de personas en el país.

Según la presentación del Presupuesto General de la Nación   2019, inicialmente se tenía contemplado un monto total de  3.936 millones de bolivianos para el pago de este bono. Se estima que el incremento de la Renta Dignidad significaría, en adelante, un costo adicional de más de 700 millones de bolivianos anuales.

Los bonos, como un avance social, más aún si contribuyen a reducir la pobreza, deben tener un financiamiento que esté garantizado, más allá de las coyunturas económicas. Esta es una responsabilidad de quienes administran el Estado.

En el actual contexto económico el país atraviesa por un déficit fiscal y este beneficio se financia básicamente con ingresos de la venta de recursos no renovables –como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)- los cuales han caído en los últimos años.

Este bono, a pesar de que no estaba comprendido ni en el Referéndum del Gas (2004) ni en la Ley de Hidrocarburos (2005) que creó el IDH, de acuerdo con la Ley de la Renta Dignidad (2007),  es financiada principalmente con el 30% del IDH de los recursos asignados a gobernaciones, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN). 

Desde su creación, el año 2007, la Renta Dignidad ha tenido diferentes incrementos y ampliaciones, como la inclusión del aguinaldo. En los primeros años de implementación y durante la pasada temporada de bonanza, los recursos del IDH fueron suficientes para cubrir este beneficio, e incluso se acumuló un fondo; pero desde la caída de los ingresos por la venta del gas, el 30% del IDH que se destina a este beneficio ya no alcanza.

Como cualquier otro bono, la Renta Dignidad es un gasto corriente; además, es recurrente e inflexible a la baja, es decir que no se puede reducir ni dejar de pagar. Este tipo de gastos debieran ser financiados con ingresos que provengan de fuentes sostenibles y estables en el tiempo y que no depende de recursos no renovables (perecederos) con precios volátiles.

Una evidencia de que el IDH no alcanza para el pago de este beneficio son las declaraciones del Gobierno respecto a que el incremento de la Renta Dignidad será cubierto con recursos del TGN.

Sin embargo, aquí se presenta un problema, el sector público se encuentra en déficit desde el año 2014, y específicamente el Tesoro General de la Nación (que son los recursos que administra el nivel central, principalmente provenientes de impuestos) también está en déficit.

En su momento, cuando el Estado tenía superávit, tenía que haberse dado sostenibilidad al financiamiento de este importante beneficio, y a las finanzas públicas en general, en el marco de reformas fiscales.

Pero la tendencia en el incremento de gastos del sector público sigue en ascenso, el déficit se va profundizando, lo que 
conlleva a generar mayor endeudamiento. A mediano plazo, la situación es insostenible y será más complicado atender las necesidades de la población más vulnerable.

La Renta Dignidad o Renta Universal de Vejez fue establecida mediante Ley 3791, de noviembre de 2007 (reemplazando al Bonosol creado en 1996), en el gobierno del presidente Evo Morales. Se trata de un pago vitalicio a todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años.

 René Martínez Céspedes, Analista de Fundación Jubileo

 

Fuente: Página SIETE
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