Multas por incumplir envío de gas sumaron $us 144,7 millones

Lidia Mamani /La Paz

Desde junio de 2015 hasta la fecha, Bolivia fue sancionada con una multa total de 144,7  millones de dólares (1.007 millones de bolivianos) por el incumplimiento de contrato en la entrega de gas natural a los mercados de  Argentina (Enarsa-IEASA) y Brasil (Petrobras).

“En el marco de los contratos suscritos con GSA-Petrobras y Enarsa (IEASA) se presentaron faltantes de suministro, habiéndose generado las multas correspondientes a los periodos 2015 a junio 2016, 2017 y 2018”, señala un informe reciente que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  presentó ante los miembros del   directorio.

 Revela,  por ejemplo,  que  entre el contrato de compra-venta que suscribieron YPFB y Enarsa, en junio de 2015 y en el mismo mes de 2016, por incumplimiento  de los volúmenes comprometidos  se fijó una penalidad de más de 5,3 millones de dólares; otro de los montos altos que se fijó   fue en 2018 cuando se  multó con  4,9 millones de dólares (ver gráfica).

 La pasada semana se conoció que Petrobras de Brasil impuso al país una multa de 133,7 millones de dólares  (930,5 millones de bolivianos)  por incumplimiento del contrato en el envío de gas. El monto incluye el cargo de transporte sin uso  durante 2018.

La pasada semana, el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras en Brasil, Marcelo Cruz, reveló, en una entrevista con la agencia  Reuters, que Petrobras  demandó, el año pasado, un promedio de 26 millones de metros cúbicos día (MMmcd), pero  YPFB sólo entregó 22,6 MMmcd. 

Para el experto Hugo del Granado,  las sanciones no son ninguna novedad porque se alertó al Gobierno en reiteradas ocasiones que la caída de la producción no sólo afecta a las reservas, sino que el descenso  que se registra desde el segundo semestre de 2014 es consecuencia de la “dejadez” en la actividad exploratoria.

“La no incorporación de nuevas reservas  significa la caída de la producción y ésta se manifiesta en el incumplimiento de los contratos de exportación tanto a Argentina como a Brasil”, añadió.

Explicó que si bien las tres sanciones económicas cobradas por el mercado argentino son menores, se debe a que el contrato con Enarsa es mucho más suave con respecto al suscrito con Brasil.

De acuerdo con el contrato YPFB-Enarsa, la multa que se aplica es sólo el 15% del valor del incumplimiento; en cambio con Petrobras es al 100% del precio, que incluye el dato del día en el que se incumplió, además de la cantidad de  volúmenes enviados, explicó Del Granado.

 Por eso, aunque sólo es una factura con Brasil,  se tiene una penalidad por 107 millones de dólares, además se adiciona el cargo por transporte. “Hay una tarifa opcional porque Petrobras pagó  un crédito de 40 años, que implica un recargo si es que no se usa esa capacidad del transporte”, dijo.

Política exploratoria

En criterio de Del Granado, el Gobierno tiene que tomar seriamente todas las advertencias que se le hicieron  para reformular su política exploratoria, promover la inversión privada, destrabar las murallas jurídicas que puso desde 2009 y dar mayor seguridad  a las petroleras.

Desde 2006 sólo llegaron  dos empresas para invertir en el país,  hecho que  demuestra la “sequía” exploratoria.

En el caso de los pagos, dijo que si bien fueron asumidos por las empresas operadoras que suscribieron un acuerdo de entrega, tanto para el mercado argentino como para el brasileño,  independiente de quién paga la multa, el problema del país es que  no tiene capacidad de producción. 

“Lo que tiene que hacer es cambiar la política  exploratoria. De no ser así,  a futuro  tendremos  la imposibilidad de renegociar los contratos en mejores condiciones  con Argentina y Brasil, imposibilidad de abrir nuevos mercados como los que se negocia con  Paraguay y con el sur de Perú, todo porque YPFB se vuelve  en un proveedor no confiable”, advirtió el analista.

Punto de vista
Raúl Velásquez  Investigador de Jubileo

 “Dinero se pudo usar en exploración”

El problema del pago de multas no es sólo que las empresas petroleras paguen los altos montos que YPFB les está traspasando en el marco de los Acuerdos de Entrega, sino que se debe considerar que ese dinero pudo haber sido destinado a la exploración.

 Asimismo, el volumen que YPFB no envió a los mercados supone un daño al país, porque implica pérdida de ingresos para el Tesoro General de la Nación , gobiernos departamentales, municipales y universidades.

Lamentablemente, se observa que la producción nacional en enero de 2019 alcanzó los 46 millones de metros cúbicos día (MMmcd), lo que representa una disminución del 23% con lo producido en 2015 y se encuentra muy lejos de lo proyectado en el Plan 2016-2020 presentado por el Ministerio de Hidrocarburos.

Por lo tanto,  el país no sólo incumplió con el envío de volúmenes a los compradores externos, sino que, como en el caso de Argentina,  se vio obligado a negociar una adenda al contrato por un menor volumen.