Renta Petrolera: La apuesta de la política hidrocarburífera boliviana
Desde el ingreso en vigor de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 del año 2005, Bolivia tuvo ingresos por la explotación de hidrocarburos que superaron los 63.000 millones de dólares.
De ese monto, poco más de 45.000 millones de dólares quedaron como participación estatal en la renta petrolera. El 47% de esos recursos fue transferido a los gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades públicas, siendo copartícipes de su administración, especialmente en el periodo 2004–2014, caracterizado por un superciclo de precios internacionales de exportación para el gas natural.
Si a la renta captada por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (Upstream) se suma la recaudación tributaria obtenida por las actividades de servicios, refinación y transporte de hidrocarburos (Downstream), se observa que —en los últimos 19 años, en promedio– cerca de 35% de los ingresos del Gobierno general (que incluye el nivel central y los niveles subnacionales) provino de un solo sector económico. El año 2023, este aporte bajó a tan solo 18%.
La caída en la producción de este sector, desde el año 2016, ha significado una caída en los ingresos de divisas.
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