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Según expertos. Aumento de la demanda interna de gas obligará a bajar exportaciones
Según expertos. Aumento de la demanda interna de gas obligará a bajar exportaciones
Produccio?n de gas natural. | Los Tiempos
Hugo del Granado. Analista en hidrocarburos. | Cortesia
Álvaro Ríos. Analista en hidrocarburos. | Cortesia
Raúl Velásquez. Analista en hidrocarburos. | Cortesia
Uno de los últimos acontecimientos que reflejan la caída de la producción de gas se suscitó en Bermejo, Tarija (el departamento con mayor producción de gas), cuya población no cuenta con el suficiente gas para las industrias, vehículos y consumo domiciliario. Incluso el ingenio azucarero Bermejo anunció que usaría leña para la zafra 2021.
El especialista en hidrocarburos Hugo del Granado afirmó que, en la actualidad, el país exporta diariamente 14 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas a Argentina y 20 MMm3d a Brasil, mientras que el consumo interno llega a 14 MMm3d, haciendo un total de 48 MMm3d, cifra que sobrepasa la producción nacional que es de 47 MMm3d.
“No podemos abastecer los tres mercados, entonces tenemos que bajar a Brasil o a Argentina para abastecer el mercado interno. En la medida en que crezca el mercado interno y no aumente la producción, lo que debe hacerse es cortar las exportaciones, la prioridad es abastecer el mercado interno”, precisó.
En tanto, el especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, detalló que, debido a la poca producción, “YPFB hace una suerte de equilibrio” para mandar gas a Argentina y Brasil.
“Los días que Argentina demanda menos gas, YPFB tiene un poco más de disponibilidad para mandar a Brasil y viceversa, eso depende de la época”, dijo.
Sin embargo, la estatal petrolera anunció que este año realizará 89.964 instalaciones internas de gas domiciliario, con un presupuesto de 132 millones de dólares. Los departamentos de La Paz y Cochabamba tienen la mayor cantidad de conexiones con 25 mil cada uno.
Del Granado advirtió que hay riesgo de que lo que pasa en Bermejo pueda pasar en otras regiones del país. “En la medida que el gas no es suficiente, se debe recortar la exportación. Ya estamos recortando la cantidad de exportación porque Brasil y Argentina requieren más de lo que les estamos enviando y no podemos mandarles porque no hay producción”, indicó.
Velásquez añadió que una clara muestra de que no se puede cumplir con los contratos de exportación es que en 2020 se firmaron adendas a los contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina.
“Al ritmo que vamos, el mercado interno sigue creciendo y el mercado externo será sacrificado si no encontramos nuevas reservas de gas. 90 mil conexiones es mínimo, pero hay que ver la relación entre la demanda interna, compromisos de exportación entre lo que se produce y explora. Ese equilibrio se ha roto, la muestra es la firma de adendas”, explicó el analista.
La producción de gas natural fue bajando desde 2015, cuando se llegó a un promedio de 58,9 MMm3d; en 2020 se redujo a 43,4 MMm3d. Sin embargo, YPFB, en su informe de rendición pública de cuentas inicial 2021, prevé un ascenso a 47 MMm3d en la presente gestión.
Los especialistas coinciden en que el déficit de gas se seguirá agravando si no hay nuevos descubrimientos de yacimientos.
Del Granado indicó que para revertir la situación el Gobierno debe eliminar los desincentivos a la inversión extranjera, mientras que Velásquez sugirió cambiar la Ley de Hidrocarburos para dar seguridad jurídica a las empresas. “El país tiene potencial hidrocarburífero, se deben hacer cambios y generar condiciones para que fluya la exploración”, dijo.
LA PRODUCCIÓN DEBIÓ LLEGAR A 73 MMM3D
De acuerdo al Plan de Desarrollo Hidrocarburífero 2015-2020 presentado por YPFB, el país debió alcanzar una producción de 73 MMm3d de gas natural en 2020, dijo el especialista en hidrocarburos Raúl Velásquez.
Sin embargo, el país sólo llegó a 45 y 47 MMm3d. “Eso muestra que la planificación no fue la más adecuada; estamos produciendo casi un 40 por ciento menos de lo proyectado. Ese mismo plan preveía que en 2019 ya íbamos a tener un nuevo contrato de exportación con Brasil, es algo que tampoco ha ocurrido. Eso lleva a que el sector de hidrocarburos se encuentre en uno de sus momentos más complejos de los últimos 20 años”, dijo.
DIFERENTES OPINIONES
"El balance entre la producción de gas y la demanda está ajustadísimo y en la medida que el mercado interno vaya creciendo se tendrá que cortar, en la misma proporción, las exportaciones, porque la prioridad es abastecer el mercado interno. No es ninguna novedad esta situación; hace varios años que se viene alertando”
Hugo del Granado
Analista en hidrocarburos
"Si no exploramos, si no encontramos nada de gas y seguimos exportando a ritmo actual, pues en 2031 vamos a tener que comenzar importar gas natural. Nos quedaríamos sin reservas de gas si no hay nuevas exploraciones.
El factor de abastecimiento residencial no está en riesgo”
Álvaro Ríos
Analista en hidrocarburos
"El mercado interno sigue creciendo y, al ritmo que vamos, el mercado externo será sacrificado si no encontramos nuevas reservas de gas natural. El equilibrio entre lo que demanda el mercado interno, los compromisos de exportación con Brasil y Argentina y lo que se produce y explora en el país se ha roto”
Raúl Velásquez
Analista en hidrocarburos
Los alcaldes del eje solicitan al Gobierno que trabaje en la preparación del Cens
Los alcaldes del eje solicitan al Gobierno que trabaje en la preparación del Censo 2022
La Alcaldía de Santa Cruz solicita reunirse con Luis Arce para tratar la ruta del proceso. En Cochabamba y La Paz están atentos; esperan que los datos del recuento sean “transparentes”. Este tema es más técnico que político, dice la Fundación Jubileo
Mauricio Quiroz Terán 15/7/2021 07:00
Autoridades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las regiones más pobladas del país, esperan que el Gobierno active a la brevedad posible la preparación del Censo de Población y Vivienda previsto para 2022, luego de que la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, declarara que ese proceso era “prioritario”.
“Estamos haciendo los esfuerzos para llevar a cabo, como Gobierno, el censo en los plazos establecidos”, dijo Mendoza.
El primero que respondió a esa señal fue el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien solicitó una audiencia con el presidente Luis Arce para hablar sobre el censo. La autoridad local ya había enviado una propuesta de decreto para establecer el cronograma y la fecha del recuento nacional. “Hay que preparar esa ruta, pues se requiere un año para prepararlo. Estamos al límite si queremos que haya censo en 2022”, afirmó el secretario de Autonomías del municipio cruceño, José Luis Santistevan.
La región metropolitana de Santa Cruz, conformada por la capital y los municipios de Cotoca, Porongo, El Torno, La Guardia, Warnes, Colpa Bélgica y Montero, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 llegará a 2.487.219 habitantes. El Censo 2012 había registrado 865.984 pobladores.
Desde el centro del país, el secretario de Finanzas de la Alcaldía de Cochabamba, Mauricio Muñoz, destacó la importancia de respetar la ley “que señala que cada 10 años se debe realizar el censo para contar con la información y proyectar políticas públicas”. Abogó para que se defina la fecha.
El funcionario dijo que el municipio creció de manera importante en los últimos 10 años, un aspecto que se ve reflejado en el aumento de la mancha urbana de toda la metrópoli. “Cochabamba, por su clima, se está transformando en una ciudad de retiro a donde muchos ciudadanos del interior vienen a pasar sus últimos días. Estamos seguros de que la cantidad de habitantes ha subido”, remarcó Muñoz. “Respetamos la autoridad técnica del INE y lo único que pedimos es que las cosas se hagan con transparencia e independencia. Más allá de que esto implique la asignación de escaños o recursos, lo que nos interesa es que los datos reflejen la verdad”, manifestó la autoridad edil.
La capital cochabambina cuenta con 841.276 habitantes, una cifra que supera al registro del Censo de 2012 (632.013).
En La Paz, el alcalde Iván Arias, espera que el INE desarrolle un proceso transparente. “Estamos estacionarios, o sea no somos una ciudad que expulsa población en gran cantidad, pero tampoco recibe. Es necesario tener datos reales que nos permitan clarificar la situación”, apostilló la autoridad.
Señaló la importancia de tener un comité independiente, transparente que garantice el proceso del censo. “Tiene que haber confianza que lo que están diciendo esos datos, que no sean manipulados”.
Para 2020, el INE proyectó una población de 940.000 habitantes en el municipio de Nuestra Señora de La Paz, la cifra es mayor a las 764. 617 personas residentes contabilidades en 2012. En El Alto, la ciudad más poblada de la metrópoli paceña, la proyección de 2020 fue de 943.600, un indicador que superará al millón en 2022. En 2012 el registro fue de 848.452.
La alcaldesa de esa ciudad, Eva Copa, anticipó que los resultados del censo deben mostrar un incremento mayor, y urgió al Gobierno a definir la fecha de esa gran encuesta. “Teníamos muy pocos recursos y contamos con más de 1,2 millones de habitantes; eso quiere decir que nos tienen que subir para tener inversión pública. Esperamos que el Gobierno use los parámetros que ya ha dado el INE y nos puedan dar una mayor inyección económica”, afirmó.
El director del INE, Humberto Arandia, en abril anticipó un diferimiento de la fecha del censo por unos tres años. El anunció desató una propuesta y el Ministerio de Planificación salió al paso con un comunicado en el señaló que solo fue una ‘sugerencia’. “El censo está pensado y planificado para cada 10 años, el anterior fue en 2012, y tendría que realizarse el 2022”, señaló entonces el portavoz presidencial, Jorge Richter.
Ayer, Arandia se disculpó con este rotativo, pues aún no estaba en condiciones de apoyar con mayor información a la que brindó el martes la ministra Mendoza.
“Sabemos que se desarrollan evaluaciones técnicas para conocer la situación en la estamos para encarar esta labor censal y que pronto se conocerán las decisiones”, señaló el diputado Juan José Jáuregui (MAS).
El director de la Fundación Jubileo, el sociólogo Juan Carlos Núñez, explicó que se requiere un año para definir la cartografía, es decir los mapas en los que estén ubicados cada uno de los hogares bolivianos. “Este es un proceso que requiere tiempo”, señaló. Luego, viene la capacitación a los encuestadores y la definición de preguntas que apuntará a la información que se quiere obtener.
“Este proceso es técnico, no político. El INE debe contar con toda la independencia para desarrollar el proceso”, remarcó el especialista, quien pidió mirar al censo de manera integral y no solo como el mecanismo para acceder a recursos. “Hay que ver dónde está la gente más vulnerable y la pobreza”, puntualizó.
Sobre la base del presupuesto elaborado en 2019, durante la última gestión de Evo Morales, el INE informó que el censo iba a demandar una inversión de $us 57 millones. El dato fue proporcionado en febrero de 2020, durante el acto de rendición de cuentas de ese año. El reporte anticipaba la necesidad de buscar financiamiento para ese operativo. En ese sentido, la ministra Mendoza aseguró que ya se tenían los recursos.
Producción de gas y líquidos, a la baja y advierten menor provisión interna
Producción de gas y líquidos, a la baja y advierten menor provisión interna
En 2015 se producía 61 MMmcd de gas y en 2020 cayó a 43,5 MMmcd. Analistas señalan que este hecho deriva en una menor oferta de líquidos para el mercado local y mayor importación de gasolina y diésel.
Página Siete / La Paz
La escasez de gas en Bermejo para atender la demanda de la industria azucarera es un signo de alerta de lo que puede ocurrir en el futuro en otras regiones.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos indicó que en los anteriores dos años la demanda interna de gas decreció en virtud de una caída en el crecimiento económico y la pandemia.
“Hace tres años la demanda interna subió a 14 MMmmc y ahora en promedio está en 12 MMmcd. Lo de Bermejo es un hecho aislado pero que nos debe hacer reflexionar. De continuar exportando gas al ritmo actual, alrededor de 2030 y 2031 nos veremos en la necesidad de importar gas a mayor costo”, explicó el experto.
Hasta 2015 el país producía 61,3 MMmcd de gas y en 2020 este volumen bajó a 43,52 MMmcd y este año la oferta está por 46 MMmcd. “Se necesita reponer el consumo de gas y no podemos darnos el lujo de perforar dos o tres pozos al año, se necesita perforar 20 a 30 pozos en busca de gas y petróleo. La situación de la producción de petróleo es dramática, porque se está importando 70% del consumo de diésel y cerca 50% de gasolina”, alertó.
Ríos sostuvo que la exploración no resultó suficiente y esto se debe a que el modelo, sistema impositivo y riesgo país, no permite atraer suficiente inversión.
El analista del sector Francesco Zaratti manifestó que durante varios años la producción de gas se ajustó a la demanda, pero en la actualidad es a la inversa.
“Debido al agotamiento natural de campos y sobre todo por la política irresponsable de hidrocarburos de últimos 15 años, la demanda se ajusta a producción. Producimos a la máxima capacidad para atender el contrato de venta con Brasil 20 MMmcd, Argentina 14 MMmcd y para el mercado interno queda entre 10 a 13 MMmcd”, apuntó.
Añadió que lo ocurrido en Bermejo es el “síntoma de una enfermedad” que en el futuro se va a manifestar con fuerza, ya que por la falta de gas ahora no se puede hablar ya de proyectos de industrialización.
“Pero el mayor problema es el suministro de líquidos, al tener limitada producción de gas, la producción de condensado también bajó de 60.000 barriles a 40 o 42.000 y la demanda de combustible de la agroindustria y parque automotor crece”, agregó.
Para atender el requerimiento interno de gasolina y diésel el país debe importar y eso significa una salida de divisas.
“Aún hay gas, no va a desaparecer, pero se debe hacer un esfuerzo en cambiar normas, se necesita medidas para salvar al sector. Pero también se necesita avanzar en la transición energética y un plan que nos libere gradualmente de la dependencia del gas y el petróleo y vayamos hacía una economía cuyo motor sea la electricidad”, destacó Zaratti.
El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez sostuvo que desde 2015 se alerta sobre la caída sostenida de la producción de gas y de líquidos, un hecho que obliga al país a importar gasolina, pero no se hace nada para revertir.
“Hay un rezago de una década en la actividad exploratoria, el único campo nuevo importante de los últimos años es Incahuasi que entró en producción en agosto de 2016 y que suple la caída la producción de San Alberto y Sábalo que están hace tiempo en declinación”, añadió.
El mercado interno en los últimos años creció de forma sostenida, pero por el gas que las empresas y YPFB venden sólo se paga 1,2 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), mientras que por la exportación se recibe en promedio cuatro dólares por millón de BTU.
El problema presentado en Bermejo con la falta de gas para Velásquez es un efecto y el resultado de una política y débil gestión en el sector hidrocarburos desde que se aprobó la Ley 3058 con un enfoque rentista.
En 2018 ya hubo un problema en Chuquisaca cuando se solicitó a las industrias que no usen su máxima capacidad de demanda de gas porque sistema estaba al límite o cuando se tuvo que cambiar la fuente de energía de la fábrica de vidrio de Zudáñez de gas a gas licuado de petróleo.
Velásquez advirtió que si el mercado interno sigue creciendo y no hay reservas nuevas de gas, el país tendrá que seguir renegociando adendas y disminuir volúmenes de exportación, por eso urge una nueva política para atraer inversión de riesgo.
La demanda de gasolina, diésel y GLP crecerá hasta en 35,2%
El Ministerio de Hidrocarburos proyecta que este año la demanda de combustibles refinados como el diésel oil, la gasolina especial y el gas licuado de petróleo (GLP) aumentará en 22,1%, 24,4% y 35,2%, respectivamente.
En su informe de rendición pública de cuentas inicial de este año, esa cartera de Estado informó que en 2019 la producción de líquidos alcanzó 45.290 barriles por día (BDP), pero en 2020 la oferta bajó a 41.660 BDP.
Este año se prevé alcanzar 42.280 BPD, que no llega a nivelar la producción de un año antes de la pandemia y menos la de pasados años.
Se planifica la importación de petróleo a partir de septiembre de este año.
El informe oficial dice que en la gestión 2019, la producción de gas natural fue 45,36 millones de metros cúbicos día (MMmcd), pero en 2020 disminuyó a 43,52 MMmcd, y para este año se pretende llegar a una producción proyectada de 47,20 MMmcd.
“Para 2021 se espera un crecimiento del 9%. Se generarán acciones para incrementar la producción y atender los requerimientos del mercado externo”, se precisa.
Jubileo observa que el proyecto de ley del oro detalle volúmenes de contrabando
Brújula Digital|01|07|21|
El proyecto de ley del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, en discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llama poderosamente la atención por la precisión con la que se detalla el tráfico del oro, y que establece que la mitad del oro es de contrabando proveniente de Perú, afirmó el analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova.
“Me llama mucho la atención el argumento que se ha planteado en el proyecto de ley, de indicar que la mitad del oro registrado y producido en Bolivia en realidad es oro de contrabando que llega del Perú, que se lo anota en Bolivia, por las condiciones más favorables que tenemos en el tema impositivo y regalitario”, afirmó a Brújula Digital.
En entrevista con este medio, el especialista en temas mineros observó también que el proyecto de norma –promovido por el propio Presidente del Banco Central de Bolivia- respalde su justificativo indicando que son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando al revisar la información de esta entidad no se halla la información que reflejan los proyectistas.
“A mí me parece muy difícil de precisar cuál es la cantidad de oro que ingresa o que sale clandestinamente del país; particularmente en un año como el 2020, que por la situación de pandemia las fronteras estaban cerradas, no había circulación fácil de un lado a otro, todavía cuando las fronteras están abiertas la circulación es normal, se puede pensar que hay contrabando”, subrayó.
El cuanto a la comercialización de oro, el proyecto de ley señala que en el mercado nacional, se detectó un fenómeno de internación ilegal de oro proveniente del Perú que se destina a la exportación por vías formales de Bolivia.
“Según datos del INE en la gestión 2020 la oferta de oro metálico estuvo compuesta por productores nacional recurrentes con 11,3 toneladas fin as de oro metálico, las importaciones totales fueron de 11,4 toneladas finas de oro metálico de las cuales sólo 0,1 toneladas finas fueron importaciones oficiales quedando un remanente de 11,3 toneladas finas de oro metálico subregistrado en importaciones no recurrentes”, señala textual el proyecto de ley.
“Me ha llamado poderosamente la atención que hayan ingresado 11 toneladas de oro al país y hayan sido registradas como nuestras para luego ser re-exportadas de manera legal, y que el año anterior, el 2019, hayamos registrado 42 toneladas de oro como producción boliviana y de ahí el Ministro de Minería pocos días antes indicó que había un contrabando de oro boliviano hacia países vecinos”, mencionó el analista.
Apuntó que el titular de Minería incluso se animó a cuantificar el monto y dijo que un monto similar es el que sale como contrabando; es decir, 40 toneladas de oro que salen de Bolivia hacia el extranjero. “Me llama mucho el justificativo de este proyecto de ley que afirma con toda seguridad que la mitad de la producción de oro es local, y la otra mitad es de contrabando”, expresó.
Córdova dijo que los proyectistas deberían demostrar que en registros del INE se muestra la relación del contrabando del oro.
“Tengo los registros de las exportaciones del año pasado y no percibido lo que perciben los proyectistas (…). Una cosa es lo oro metálico y otra el oro mineral, el oro sale todo como metálico por lo que puede haber algunas confusiones; por ejemplo para el año 2020 como mineral de oro había 5,2 toneladas, sin embargo como oro metálico habían de cantidades enormes”, explicó.
El especialista se remontó al 2014 cuando se presentó una denuncia de autoridades peruanas, que retuvieron 35 toneladas de oro en el aeropuerto de Lima que pretendía exportar Bolivia, bajo el argumento de que el oro salió de territorio peruano fue registrado en Bolivia para volver a ingresar a Perú y salir como legal.
“En esa reunión el personal boliviano desmintió a rajatabla que ese oro era peruano, presentó pruebas para demostrar que era oro boliviano, hay mucha tela que cortar en este tema”, observó.
Los proyectistas señalan que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron $us 811 millones al 11 de mayo de 2021, cifra que se explica por una balanza comercial deficitaria resultante del incremento de las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios que realizan las empresas públicas y privadas para la transformación en bienes de consumo para el mercado interno y la exportación.
BD JMC
Censo 2022 depende de voluntad política
Censo 2022 depende de voluntad política
> El presidente de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, señala que si el deseo es llevar adelante el Censo Nacional de Población y Vivienda, se debe priorizar la elaboración y el tratamiento de la norma que dé inicio al proceso de organización lo antes posible
Ante el pedido por la realización de un Censo Nacional de Población y Vivienda para el año 2022 por parte de distintas regiones y municipios, el presidente de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, señaló que existen las condiciones para realizar esta medición en la próxima gestión; sin embargo, esta posibilidad depende exclusivamente de la voluntad política de las autoridades nacionales.
Núñez sostuvo que el principal elemento para la realización del censo en el año 2022 es la voluntad política, pues se requiere de normativas que den viabilidad a la elaboración de un cronograma de actividades previas a esta actividad; además de asignar competencias y recursos.
“La primera cosa es voluntad política, ese es el tema central y eso se tiene que expresar a través de una norma, si no hay una ley o un decreto que permita desarrollar un cronograma establecido, difícilmente vamos a poder hablar de un censo”, puntualizó.
Asimismo, dijo que si el deseo es llevar adelante el Censo 2022 se debe priorizar la elaboración y el tratamiento de la norma que dé inicio al proceso de organización.
“Si queremos el Censo 2022 habría que calcular que ya en este mes de julio pudiera salir una norma que permita desarrollar todo ese proceso de planificación”, manifestó Núñez en declaraciones a la Red Uno.
Agregó que un Censo de Población y Vivienda es la solución a varios problemas que de no ser atendidos en la actualidad tenderán a agudizarse en el futuro, por lo que es preciso entender a esta medición como una actividad de prevención a problemáticas que se avecinan.
Ejemplificó la situación con las actuales realidades de los municipios de El Alto y Santa Cruz, mismos que atraviesan por una alta migración receptora, hecho que hace a ciudadanos bolivianos de distintas regiones del país optar por llegar y establecerse en estas ciudades de forma acelerada, lo que implica que estos gobiernos municipales requieran de mayores recursos a fin de cubrir mayores y nuevas necesidades de sus habitantes.
Al respecto, días atrás, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó que es preciso que se incrementen los recursos asignados a este municipio pues si antes se contaba con bajos ingresos, ahora la situación se complicó por el incremento de su población.
“Estamos afectados por la falta de poner fecha al censo, nosotros teníamos muy pocos recursos y ahora tenemos más de 1,2 millones de habitantes, eso quiere decir que nos tienen que subir los recursos para tener inversión pública”, enfatizó.
El pasado jueves, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández, remitió al presidente Luis Arce Catacora, un proyecto para declarar como prioridad la realización del censo en el año 2022.
“Le presentamos el proyecto de Decreto Supremo para la declaratoria de prioridad e inicio de las actividades para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2022, solicitando respetuosamente sea considerado y aprobado y hacer posible que el censo se realice el 2022”, informó Fernández.
Semanas atrás, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sostuvo que la realización de Censo 2022 beneficiará a todos los bolivianos y que esta posibilidad es muy importante la voluntad política de autoridades.
Jubileo: preocupa el nuevo "plan agresivo” de exploración de YPFB
Jubileo: preocupa el nuevo "plan agresivo” de exploración de YPFB
Brújula Digital|21|06|21|
El nuevo Plan de Exploración recientemente anunciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lejos de generar expectativa, preocupa porque apunta a zonas sensibles como la Amazonía, pero también porque mira al petróleo, nada rentable, como objetivo de explotación hidrocarburífera, afirma el analista de Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.
“Es una noticia preocupante el anuncio porque el Sub andino Sur es zona tradicional donde habitualmente se han desarrollado actividad hidrocarburifera, pero en el sub andino norte y Madre de Dios es un anuncio preocupante porque es una zona de alta biodiversidad, de alta sensibilidad ambiental”, señala a Brújula Digital el especialista en temas energéticos.
Según el plan de YPFB las cuatro zonas estratégicas para la exploración hidrocarburífera son: el Subandino sur y norte, Boomerang y Madre de Dios.
En criterio de Velásquez, el potencial que se estima pueda existir en el norte La Paz, Beni y Pando; es decir la Amazonía boliviana, está más enfocado al petrolífero, más que gasífero.
El año 2016, se cuestionó el ingreso de la china BGP, contratada por YPFB para tareas de exploración sísmica 2D en el proyecto Nueva Esperanza debido a que surgieron algunos indicios de la presencia de un pueblo no contactado, probablemente Toromonas, afectado por la incursión petrolera.
“Pueden existir posibilidades de gas, pero más que todo se prevé que pueda ser petróleo. Bolivia tiene un déficit de producción de petróleo, toda esa producción podría ir a abastecer el mercado interno, más aun considerando que el mercado interno tiene un precio subvencionado que no es un precio que haga interesante o atractiva la inversión”, señala.
Para hacer una relación de precios señala que mientras hoy el barril de petróleo oscila dentro del país en 27,11 dólares, el precio internacional es de 75 dólares, por lo que no es un precio atractivo para la inversión.
“Otro aspecto es el tema de mercados, el mayor mercado para el petróleo es el mercado interno; si hablamos de exportación debería ser gas natural, tanto el año 2020 como el año 2019 el problema ha sido de mercados y lo hemos advertido el año 2010 cuando íbamos por la mitad del contrato con Brasil y era necesario una política agresiva de nuevos mercados, de avances en renegociación, pero lamentablemente eso no ha sucedido”, apunta.
De acuerdo a la explicación de Armin Dorgathen, vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, el “plan exploratorio agresivo” pretende salvaguardar y mantener las cuotas de mercados en Argentina y Brasil.
“Como administración queremos que nuestros índices de reservas sean mayores; eso quiere decir que todas las reservas que vayamos a consumir en los próximos cinco años las encontremos en estos mismos cinco años y que además tengamos un diferencial que podamos sumar a las actuales con las que contamos”, indicó Dorgathen.
Sin embargo, Velásquez hace notar que de acuerdo al plan sectorial que presentó el exministro Luis Sánchez el año 2015 ya preveía para el 2019 un nuevo contrato de exportación con Brasil, cosa que no ha sucedido, pues el 2020 el gobierno transitorio de Jeanine Áñez renegoció dos adendas al contrato con Brasil y otra adenda con Argentina que la hizo el actual gobierno del MAS.
“Ambas adendas están orientadas a reducir los volúmenes de exportación y es que Bolivia venía pagando multas dado que no teníamos suficiente producción para cumplir con nuestros compromisos de gas natural”, hace notar el experto.
Dorgathen aclaró que el objetivo de YPFB es que entre el 2025 y 2026 se dejen las reservas con un número mayor y que estas zonas potenciales, donde se desarrolla el plan de exploración, den los resultados esperados. “Este plan y los resultados positivos que genere nos va a permitir mejorar la balanza comercial, es decir vender más gas, producir petróleo nacional y con eso disminuir la importación de diésel”.
En análisis del especialista de Jubileo, YPFB atraviesa uno de sus periodos más complejos de los últimos 20 años, por problemas estructurales. “Lamentablemente en un principio los problemas eran de fácil solución si eran atendidos a tiempo pero cuando son descuidados los problemas se hacen más complejos de solucionar”, sostiene.
Velásquez dice que año después de la denominada “nacionalización de los hidrocarburos” (2006) el principal problema fue la falta de exploración pues el sector hidrocarburífero se centró hasta el 2010 en la renegociación de los contratos petroleros con las empresas que realizaban trabajos de exploración y explotación en Bolivia.
Señala que el caso de Gazprom es la excepción pues con la rusa YPFB logró firmar varios contratos.
“Pero ninguno de estos contratos se ha plasmado en un éxito exploratorio, de tal forma que hasta el año 2017, YPFB ha tenido cerca de 100 áreas reservadas para la exploración y explotación de hidrocarburos y por lo menos 20 a 22 ya tienen contrato firmado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero ninguno de esos contratos ha sido exitoso, ninguno ha tenido éxito exploratorio”, sostiene.
El caso de Incahuasi, señala que llegó a suplir la caída de los principales magacampos de gas, pero sus tareas exploratorias empezaron mucho antes del gobierno del MAS.
BD JMC
YPFB inicia su plan de exploración en 4 pozos; expertos lo ven insuficiente
YPFB inicia su plan de exploración en 4 pozos; expertos lo ven insuficiente
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó sobre el inicio de un plan agresivo de exploración para aumentar las reservas de gas natural con la perforación de cuatro pozos; sin embargo, especialistas aseguran que el país tiene una década de retraso en labores de exploración y que debería estar perforando al menos 20 pozos por año.
“El plan agresivo de exploración para incrementar las reservas de gas arrancó con la perforación de los pozos Itacaray-X1, Sararenda X3D, Los Monos X13 y San Miguel X2ST”, dijo el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen, a través de las redes sociales de la estatal petrolera.
Anteriormente, YPFB anunció tiene previsto encarar un total de 20 planes de exploración a lo largo de la gestión 2021.
El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que, en Bolivia, de cada 10 pozos perforados sólo uno es exitoso, de modo que la exploración de cuatro pozos no es suficiente para reponer las reservas de petróleo y gas natural.
“Por el bajo éxito, deberíamos estar perforado 20 pozos al año y no cuatro”, manifestó Ríos.
Por su parte, el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, recordó que la exploración en San Miguel, en la provincia Carrasco de Cochabamba, fue anunciada por YPFB desde 2014, mientras que Los Monos, en Tarija, es un área que se exploró desde la década de los 70 y principios de los 80.
“Se hizo anuncio de Los Monos en reiteradas ocasiones. También en varias ocasiones no hubo resultados positivos”, dijo.
Itacaray, en Chuquisaca, también fue anunciado a inicios de 2017 y lo mismo pasó con Sararenda, en Santa Cruz, agregó Velásquez.
El analista aseguró que YPFB debe informar lo que pasó durante los años posteriores al anuncio de esos proyectos. “Ya hubo actividad previa, entonces sería importante ver los avances de YPFB y qué estudios demuestran que pueda haber mayores oportunidades en el caso de la exploración”, precisó.
Velásquez añadió que el país tiene un rezago de casi una década de exploración, por lo que cualquier noticia en exploración es buena; sin embargo, considera que hay que evitar especulaciones porque la actividad exploratoria tiene alta probabilidad de fracaso.
“El hecho de perforar no necesariamente indica que se va a encontrar hidrocarburos; por lo tanto, hay que esperar y no hacer proyecciones”, recomendó el experto.
Por otro lado, afirmó que YPFB no puede asumir todo el riesgo en la exploración, por lo que debe asociarse con empresas privadas.
Rusa Gazprom
La empresa rusa Gazprom y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabajan en una hoja de ruta para inversiones y cooperación energética, en la que figura la exploración del campo Vitiacua, ubicado en el municipio de Macharetí.
“Hay nuevos actores, el ingreso de nuevas operadoras generará inversión y empleos en la industria petrolera en Bolivia”, señaló el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen.
Explicó que esta área está dentro de un polo del “plan exploratorio” que YPFB desarrolla y es la continuación estructural del megacampo Sábalo.
El Presidente instruye bajar en un 30% la planilla del TGN
El Presidente instruye bajar en un 30% la planilla del TGN
El presidente de la Comisión de Planificación en Diputados dice que con el PGE se aplica la austeridad con una reducción de gasto corriente de 20% a 30%.
Página Siete / La Paz
“Le instruimos a nuestro Ministro de Economía que reduzcamos en 30% la planilla del TGN y sigamos creando ítems en salud y educación”, afirmó el mandatario durante un homenaje por el Día del Maestro, un acto en el que participaron autoridades del Gobierno y del sector educativo.
Página Siete consultó al Ministerio de Economía cómo se procederá para cumplir con este instructivo, desde cuándo se aplicará y si se necesitará reformular el Presupuesto 2021, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Al respecto, se trasladó la consulta al diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara Baja, quien indicó que desde la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE 2021) se viene aplicando una política de austeridad con la reducción del gasto corriente entre un 20% a 30% en todas las entidades. Se prioriza el gasto en salud y educación y por consiguiente la creación de ítems.
“Desde que se ingresó al Gobierno, en noviembre de 2020, se viene aplicando una política de austeridad, lo cual sirve para reducir gasto corriente (se redujo en todas las entidades entre un 20% hasta un 30%) y con esos recursos poder incrementar las prioridades que requiere el país (salud-educación), en este caso para la creación de ítems. Se viene aplicando con el PGE 2021 y se continuará trabajando en ese mismo sentido”, precisó.
El TGN está dentro de la administración central y ahí se inscriben los recursos por impuestos nacionales y préstamos, las transferencias al resto del sector público, obligaciones estatales como el pago de pensiones y el servicio de la deuda, entre otros.
La Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 prevé un gasto corriente consolidado menor en 6% respecto a la gestión 2020.
Se redujo de 137.996 millones de bolivianos a 129.807 millones de bolivianos y prioriza la inversión pública, garantiza recursos para bonos sociales y otorga certidumbre a las políticas económicas que ejecuta el Gobierno, según informó el Ministerio de Economía tras su aprobación.
En el marco de la política de austeridad, para el PGE 2021 en relación con el presupuesto de la gestión pasada, los sueldos y salarios de los ministerios del Órgano Ejecutivo se disminuyeron en 7,1% al pasar de 4.086 millones de bolivianos a 3.796 millones de bolivianos.
En las instituciones descentralizadas la reducción alcanza a 7,8%, de 2.032 millones de bolivianos a 1.873 millones de bolivianos. El gasto en las empresas públicas bajó en 1,3% de 2.893 millones de bolivianos a 2.854 millones de bolivianos.
Para este año se programó una inversión pública de 4.011 millones de dólares distribuidos en 1.452 millones de dólares en infraestructura, 1.399 millones de dólares para el sector productivo, 998 millones de dólares para el sector social y 162 millones de dólares al sector multisectorial.
René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, opinó que en pasados años hubo una sobreexpansión del gasto público para impulsar la demanda, pero luego cayeron los ingresos, aumentó el déficit y hoy no se cuenta con recursos para salud o educación que son fundamentales.
Nueva normativa de hidrocarburos debe apuntar a promover inversión
Varios entendidos en el tema plantearon en su momento el cambio de la ley
Ante el fracaso de la exploración y ausencia de investigación en materia hidrocarburífera en 14 años, es vital cambiar las reglas para el sector bajo tres premisas, que consisten en brindar seguridad jurídica al inversor, ser respetuoso con el tema ambiental e invertir en la cadena productiva mediante las Alianzas Público-Privado, y evitar efectos negativos por la subida o bajada del precio del petróleo en el mercado internacional, planteó el exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla.
Bajo esa misma lógica, en su momento el consultor energético privado, Boris Gómez Úzqueda, también planteó una nueva norma para el sector, donde se incluya el tema de los incentivos para atraer inversionistas.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene un presupuesto de casi 800 millones de dólares para la presente gestión, de los cuales un poco más de 260 millones se destinaría a la exploración, siguiendo con la misma lógica de la administración pasada de Evo Morales, de otorgar mayores recursos a la explotación.
En 2018, la Fundación Jubileo presentó el documento: Propuestas para una nueva Ley de Hidrocarburos, elaborado por los analistas del sector, Sandra Sánchez y Raúl Velásquez, y en las conclusiones finales señalan que en febrero de 2009 se aprobó una nueva Constitución Política del Estado que estableció nuevas políticas y lineamientos para el sector hidrocarburos.
Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos en actual vigencia data del año 2005 y no refleja los preceptos establecidos por la nueva Constitución, aspecto que ha derivado en la promulgación de diferentes decretos supremos y resoluciones ministeriales que durante este periodo han venido normando el sector, lo que ha generado inseguridad jurídica.
Es por ello que sostienen que la forma de distribución de la renta petrolera en Bolivia, sumado a las implicancias sociales y ambientales que tiene la explotación de hidrocarburos, hacen que una nueva propuesta de ley deba ser oportunamente socializada y debatida con los diferentes actores nacionales y subnacionales involucrados, considerando una perspectiva plural e incluyente, a fin de rescatar los distintos aportes que puedan surgir y generar los acuerdos necesarios para construir una visión de largo plazo para la gestión de los recursos hidrocarburíferos del país.
Una nota de prensa de la agencia EFE señala que el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, en una comparecencia ante el Senado, con motivo de la modificación de un contrato de exploración en la región de Charagua, abrió la posibilidad de que el país cambie su Ley de Hidrocarburos como medida para propiciar incentivos y atraer inversión extranjera.
En los últimos años se observó un decrecimiento de la producción de gas en los megacampos y los escasos resultados en las tareas de exploración han motivado a que se habrá la posibilidad de una nueva Ley de Hidrocarburos.
De acuerdo al texto de Jubileo, la política hidrocarburífera a ser planteada en una nueva Ley de Hidrocarburos debe perseguir los siguientes objetivos: Cumplir a cabalidad con los preceptos constitucionales y acuerdos internacionales ratificados por el país, incentivar la evaluación del potencial hidrocarburífero y estimación del valor económico de cada una de las áreas, sea en exploración o explotación.
Asimismo, debe reactivarse el sector, garantizando su sostenibilidad para generaciones actuales y futuras, también avalar la soberanía energética boliviana, crear condiciones de competitividad para que el país mejore sus oportunidades frente a otros países de la región y sea un referente en la atracción de inversiones en exploración y explotación.
Debe cumplir estándares y las mejores prácticas en términos técnicos, ambientales y sociales y generar confianza entre todos los actores del sector, población, empresas y comunidades, planeta Jubileo.
Experto sugiere cuatro medidas para frenar el contrabando de oro
Experto sugiere cuatro medidas para frenar el contrabando de oro
Actividades enmarcadas en la extracción de oro en Bolivia. | AFP
Ante la permanente salida de oro vía contrabando, que en el último año alcanzó un valor estimado de 1.800 millones de dólares, el analista en minería de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, sugiere cuatro medidas basadas en cambios normativos que permitirán frenar la salida ilegal de este material estratégico.
La semana pasada, el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, informó que una producción de oro valuada en al menos 1.800 millones de dólares se va al contrabando y sale del país sin pagar regalías ni generar divisas.
Al respecto, Córdova considera que, para frenar el contrabando, es necesario lograr acuerdos con los países vecinos para que no haya una carga impositiva apreciable (entre uno y otro país) que favorezca al contrabando.
En segundo lugar, el analista sugiere efectuar un verdadero control de las actividades de explotación, designando esta competencia a las gobernaciones y municipios, instancias que —según Córdova— no se negarán a efectuar esa labor porque se benefician con el pago de regalías.
La tercera propuesta tiene que ver con eliminar la escala interna de la regalía para el oro, puesto que la norma fija el pago de una regalía del 7 por ciento sobre el valor bruto de las ventas, pero también dispone el pago de una regalía del 2,5 por ciento para operaciones de pequeña escala en yacimientos marginales. Según Córdova, esto facilita a los operadores a eludir sus obligaciones, por lo que sugiere una escala única.
Finalmente, el experto sugiere centralizar la comercialización de oro en una instancia del Estado, puesto que, al tratarse de un material estratégico, debe estar bajo profundo control estatal de modo que la riqueza no se concentre en manos de particulares.
AJAM investiga
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) investiga al menos 50 denuncias sobre explotación ilegal de minerales en el país, de las cuales, la mayoría se encuentran en el departamento de La Paz, informó la directora de esta instancia, Brenda Lafuente.
La información se dio luego de que la AJAM, en coordinación con la Policía, realizaran un operativo el pasado 21 de mayo en que se aprehendió a 14 personas en actividades de minería Ilegal en el municipio la Asunta, La Paz.
Lafuente informó que en la solicitud del área denominada Samuel III, de cinco cuadrículas, se cometía el delito de explotación ilegal de recursos minerales.
