Los departamentos del país gestionaran menos recursos que en 2020. Sin embargo, las gobernaciones siguen descuidando sectores fundamentales como el de la salud.
Pese a las exuberantes –y a veces fantasiosas– promesas electorales que inundaron el país en los últimos meses, lo cierto es que la posibilidad de que lleguen a cumplirse está en tela de juicio. La crisis económica está tomando cada vez más forma, mientras los anhelados años de bonanza van quedando en un nostálgico pasado. Los problemas estructurales de la economía boliviana están pasando una alta factura y, junto a ello, las instituciones del Estado se ven cada vez más presionadas por la falta de recursos.
En un reciente informe presentado por la Fundación Jubileo sobre los presupuestos de los gobiernos departamentales para el año en curso, lo primero que se evidencia es que el monto global cayó respecto a los anteriores años. Si para el año 2020 se calculaba que el total de los recursos destinados a las gobernaciones era de Bs. 10.433 millones, para 2021 estos cayeron hasta alcanzar Bs. 9.520 millones. Todos los departamentos, a excepción de Pando, cuentan con un presupuesto inferior al del año pasado.
Como se señala en el informe: “El Presupuesto General del Estado 2021 presenta, para el caso de los gobiernos departamentales, una disminución significativa con relación al Presupuesto 2020. Siendo que la crisis del coronavirus y su afectación en los ingresos públicos no se registró en el presupuesto inicialmente aprobado en 2020, es el presupuesto 2021 que registra todo este efecto”.
Así, frente a la pandemia que no da tregua y a una crisis económica que continúa deteriorando al bienestar de la población y el aparato productivo del país, se esperaba que los presupuestos departamentales hubiesen sido objeto de reacomodos importantes, para enfrentar de manera más sólida estas contingencias. Sin embargo, las adversidades del año 2020, que transformaron el mundo, poniendo en evidencia las deficiencias de una política pública que no ha sido capaz de resolver las situaciones de vulnerabilidad social, parece que no sirvieron para modificar el orden de prioridades de las instituciones públicas.
Si bien hay menos recursos, también sucede que la estructura de las inversiones de los gobiernos departamentales en 2021 es muy similar a la de 2020. Las prioridades son prácticamente las mismas, pese a que es un escenario totalmente distinto. El ejemplo más llamativo es el de la salud. El año que pasó puso en evidencia la desastrosa situación del sistema sanitario del país, sin embargo, para 2021 la inversión departamental en salud será incluso menor que en 2020, tanto en términos absolutos como relativos.
Esta situación debe llamar a la reflexión sobre la manera en qué se elaboran los presupuestos, sobre las prioridades que son consideradas y sobre la manera en que la sociedad civil participa de este proceso.
Departamentos con menos recursos
De los Bs. 9.520 millones presupuestados para los nueve gobiernos departamentales del país, solo Bs. 5.709 millones corresponden a recursos para la gestión de las gobernaciones, el resto (Bs. 3.810 millones) son transferencias del gobierno nacional para gastos específicos, como pagos delegados, coparticipación tributaria para universidades y Renta Dignidad.
“Las gobernaciones […] se enfrentan ahora a una situación más complicada, con ingresos limitados con los que tendrán que afrontar su gestión las nuevas autoridades electas”. Fudación Jubiléo
Al ser los gastos específicos poco flexibles para ser recortados, la asignación presupuestaria no puede variar considerablemente. Sin embargo, es la primera vez en el último quinquenio que la otorgación de dichos recursos ha disminuido levemente (49 millones de bolivianos), siendo la asignación para las universidades públicas por concepto del IEHD la que ha sufrido el mayor recorte, pasando de Bs. 120 millones en 2020 a Bs. 69 millones en el presente año.
Sin embargo, son los recursos destinados a la gestión directa de los gobiernos departamentales los que se han visto fuertemente afectados, cayendo en un 13,1% respecto al presupuesto de 2020. Casi un 30% si se compara con el presupuesto de 2019, año en el que los recursos asignados con este fin ascendieron a poco más de 8.100 millones de bolivianos; y menos de la mitad de recursos si se compara con el 2015, año de la mayor asignación presupuestaria para las gobernaciones en la historia del país.
El 55% de los recursos presupuestados en 2021 para la gestión de las gobernaciones proviene de regalías, principalmente de las hidrocarburíferas, en segundo lugar están las regalías mineras y después están otras fuentes, como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos propios, coparticipación tributaria por el IEHD, entre otros.
Es así que “del total del Presupuesto 2021 para los gobiernos departamentales, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, seguido por Santa Cruz con 23%, La Paz con 11%, Potosí con 10%, Cochabamba y Chuquisaca cada uno con 9%; y los otros tres departamentos reciben, en conjunto, el restante 13% de la torta”, señala la Fundación Jubileo.
En términos absolutos, Tarija tiene presupuestado Bs. 1.426 millones para gestión departamental, mientras que, en el otro extremo, Oruro presupuestó 202 millones de bolivianos por este concepto. Santa Cruz tiene un presupuesto similar que el de Tarija (Bs. 1.306 millones), mientras que La Paz –en una situación intermedia–tiene un presupuesto de 621 millones de bolivianos para la gestión de su gobernación.
Si bien, como consecuencia de la crisis económica, la mayoría de los departamentos vieron disminuir sus ingresos entre los años 2020 y 2021, los más afectados fueron Cochabamba y Potosí. El primero tuvo una caída en su asignación presupuestaria del 30%, mientras que para el segundo esta caída fue del 36%. Por el otro lado, el único departamento que vio incrementar su presupuesto fue Pando, lo que tiene que ver principalmente con un saldo presupuestario que no fue ejecutado el pasado año.
¿Qué nos dicen los gastos presupuestados?
Según el informe de la Fundación Jubileo: “De acuerdo con la Ley Marco de Autonomías, la función general de la autonomía departamental, para el desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, es impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción”. Es así que la mayor parte del presupuesto de gestión de los gobiernos departamentales debería destinarse a inversión. Algo que no necesariamente sucede.
Lo que se puede observar es que si en 2020 los recursos destinados a proyectos de inversión representaban cerca del 40% de los presupuestos departamentales para gestión, y los gastos de “funcionamiento y otros programas” ascendían al 43%; para 2021, frente a la disminución de recursos, lo que ha sucedido es que los gastos de funcionamiento ahora representan el 49% de estos presupuestos, mientras los recursos para inversión serán tan solo del 33%.
En términos absolutos, lo anterior significa que las gobernaciones, ante la situación de crisis, están priorizando la dimensión operativa y burocrática de sus instituciones, en detrimento de la inversión pública.
Ahora bien, de los 1.361 millones de bolivianos que las gobernaciones han presupuestado para invertir de manera directa (Bs. 665 millones menos que el año pasado), lo llamativo es que las prioridades siguen siendo las mismas que existían antes de la pandemia y de la crisis global.
El principal ítem de inversión continúa siendo el de caminos, que representa, al igual que el año pasado, el 38% del total presupuestado para inversión, seguido de la inversión Agropecuaria (23%), Electrificación y Energía (9%), Fortalecimiento institucional (7%), etc.
¿Y la salud?: Bien, gracias
Si algo quedó claro en este año que pasó, es la precariedad del sistema de salud boliviano y su incapacidad para dar una respuesta aceptable frente a la contingencia sanitaria que ha desencadenado la pandemia del coronavirus. Desde el colapso de las salas de terapia intensiva hasta la inexistencia de equipamiento e insumos sanitarios, pasando por la poca protección para el personal de salud, entre otros aspectos que han costado la vida a miles de bolivianos.
Entre las atribuciones de los gobiernos departamentales respecto a la salud, la Fundación Jubileo precisa tres aspectos 1) “Proporcionar infraestructura sanitaria y mantenimiento adecuado del tercer nivel de atención en salud; y proveer servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros”; 2) Programas epidemiológicos en coordinación con otros niveles de gobierno y programas y proyectos departamentales de promoción de salud y prevención de enfermedades”; 3) “Cofinanciar políticas, planes, programas y proyectos de salud en el departamento, en coordinación con otros niveles de gobierno”.
Sin embargo, los gobiernos departamentales del país no solo disminuyeron el monto presupuestado para la salud, pasando de 110 millones de bolivianos en 2020 a 51 millones de bolivianos en 2021 –menos de la mitad–; sino que también cayó del peso relativo que tiene la salud en la estructura general de inversiones, pasando de 5,4% a 3,7%.
En el caso de Chuquisica, por ejemplo, si el 2020 se tenían presupuestados para salud 3 millones de bolivianos, para 2021 esta cifra cayó hasta l0 mil bolivianos, mientras que en el caso de Oruro este ítem simplemente fue eliminado. Y, de esta manera, es posible evidenciar en varios casos la poca o nula importancia que la salud tiene para la política pública departamental. El único caso distinto es el de Pando, que a diferencia de 2020, que no tenía presupuestado ningún recurso para salud, en 2021 esta cifra asciende a 7 millones de bolivianos, lo que representa el 33% del total destinado a inversión, convirtiéndose en el sector prioritario del gobierno departamental.
En otras palabras, los gobiernos departamentales han optado por restar importancia al sector salud y privilegiar la inversión en otros sectores, muchos de los cuales –como el caminero y agropecuario– son cuestionados por estar vinculados a grandes intereses.
El presupuesto de Tarija
El presupuesto de gestión para Tarija (Gobernación de Tarija y Gran Chaco) continúa siendo el más elevado del país y su disminución entre el pasado año y el actual fue de un 9% –alrededor de Bs. 150 millones–, lo que en gran medida tiene que ver con la caída esperada de las regalías hidrocarburíferas.
Con todo, llama la atención como para este año se ha presupuestado un monto mayor destinado a “Funcionamiento y otros programas” –2% más que en 2020–, mientras los recursos destinados a inversión han disminuido en un 31%. La inversión departamental presupuestada para salud en 2021 es de casi 24 millones de bolivianos, mientras que el 2020 era de 57 millones de bolivianos, lo que representa una caída del 58%. Pese a ello, Tarija sigue siendo el departamento que en términos absolutos invierte más en salud.
