Lidia Mamani / La Paz

 Un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) revela que Bolivia sólo tenía 7,1 trillones de pies cúbicos (TCF) en reservas probadas de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2017, y no los 10,7 TCF que certificó a esa fecha la empresa Sproule.

“Seguro que vieron con mucha expectativa la presentación de las reservas probadas de gas cuando se dijo que eran de 10,7 TCF; lamentablemente, este número es tan falso que dentro de la empresa causó malestar por la mentira que se decía. Cuando se publicaron los datos, YPFB tenía pleno conocimiento de que las reservas verdaderas a duras penas alcanzaban a 7,1 TCF. Ya pasó un año y estamos en peor situación, con menos de seis TCF”, se lee en parte del informe denominado El petrolero furioso, en el que se revela que se “inflaron” las reservas de gas natural.

El documento afirma que la cifra de 7,1 TCF puede ser corroborada con los informes técnicos que la petrolera estatal tiene archivados. Página Siete solicitó al Ministerio de Hidrocarburos una confirmación de este reporte y desde esa cartera se informó que, por tratarse de temas técnicos, sólo el ministro Víctor Hugo Zamora puede responder, sin embargo, la autoridad estaba ayer de viaje de trabajo.

En agosto del año pasado, la firma canadiense Sproule International Limited certificó que Bolivia contaba con 10,7 TCF de gas natural y 240,9 millones de barriles de líquidos.

Al respecto, el experto Hugo del Granado afirmó que los datos “inflados” son resultado de la presión que hubo desde el Ministerio de Hidrocarburos o YPFB, por lo que la certificación debe ser auditada por el Gobierno.

“El informe de YPFB refleja que está tres TCF por debajo de lo certificado por Sproule. En el caso de líquidos, está en menos de la mitad de lo que informó la certificadora. Entonces, ¿a qué nos llevan estas cifras?, a que hubo presión hacia la calificadora. Una muestra es que cuando se preparaba la certificación, los ejecutivos de YPFB viajaron hasta Canadá para reunirse con Sproule”, recordó Del Granado.

El experto remarcó que todos los datos que refutan la versión que YPFB presentó en su momento coinciden con que las reservas están por debajo de lo que se certificó, por la falta de descubrimientos de nuevos campos y por el agotamiento de los reservorios que están en producción.

“Lo que planteamos a las autoridades del Gobierno entrante es que hagan una auditoría y establezcan cuáles son las causas para presentar un informe que está alejado de la realidad. Es un problema grave que tiene que ver con las presiones que hicieron las autoridades”, indicó.

Para el analista Francesco Zaratti, los informes oficiales sobre reservas de gas a diciembre de 2017 se parecen a los resultados que presentó el Órgano Electoral Plurinacional sobre las elecciones del pasado 20 de octubre, es decir, que fueron “manipulados” con fines políticos.

“Se transformaron arbitrariamente las reservas posibles y probables en probadas, y para eso se prestó Sproule. Si aceptamos que las reservas probadas a la fecha están por debajo de los siete TCF, no queda más que planificar nuestra política energética en función de esas reservas, incluyendo la renegociación del contrato con Petrobras y las nuevas modificaciones al acuerdo con Argentina”, sugirió.

Zaratti consideró que ante este panorama hay dos medidas urgentes: la reactivación en la exploración en condiciones razonables y adecuadas  a la realidad, y ahorrar el gas que se quema en las termoeléctricas para aumentar la oferta exportable, una tarea en la que se destina hasta cinco millones de metros cúbicos por día (MMmcd).

“Esto es posible debido al notable superávit de generación eléctrica y al futuro desarrollo de fuentes renovables. En todo caso, esta es una tarea que le corresponde al Gobierno que saldrá de las próximas elecciones”, dijo.

El investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez coincidió al señalar que los datos sobre las reservas que presentó el exministro Luis Sánchez junto con ejecutivos de Sproule fueron elaborados en medio de grandes dudas, tantas que hasta la fecha no se hizo público el informe in extenso encargado a la firma.

“En este sentido, el informe filtrado desde YPFB en los recientes días evidentemente menciona una cuantificación diferente a esa certificación; de aproximadamente 7,1 TCF de gas natural. Resulta alarmante la importante diferencia entre el informe de Sproule y el de YPFB, existiendo la susceptibilidad sobre el nivel de injerencia que pudo existir por parte de YPFB o del Ministerio de Hidrocarburos”, aseveró.

Otro factor que Velásquez cuestionó es que el 91% de las reservas cuantificadas provienen de seis campos: Margarita-Huacaya, Incahuasi-Aquío, Sábalo, San Alberto-Itaú, Yapacaní y Río Grande, lo que denota la fragilidad en el mediano plazo de la actividad hidrocarburífera local.

“Este resultado confirma la preocupación que varios analistas e instituciones venimos manifestando desde hace más de 10 años, puesto que es resultado de la falta de actividad exploratoria, de la inestabilidad política, económica y social generada desde 2003, siendo que en el periodo posterior primaron los criterios ideológicos que los técnicos”, sostuvo Velásquez.

Apuntan al exministro Luis Sánchez y exejecutivos

El exministro de Hidrocarburos Luis Sánchez y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Óscar Barriga, además de otros exejecutivos de la petrolera del Estado son los “autores de la mentira” de que en Bolivia se crea que las reservas probadas de gas llegan 10,7 TCF, se lee en el documento redactado por los petroleros de yacimientos.

“El exministro Barriga, los exejecutivos como Luis Alberto Poma Calle, Javier Roberto Esquivel Sánchez y José Luis Aguilar Salazar, todos leales y esbirros masistas y dispuestos a engañar a todos el país, son los autores de esta mentira”, se menciona en una parte el documento que fue enviado a este medio.

En la denuncia se detalla que hubo funcionarios que percibían sueldos de 40.000 bolivianos y que, durante este Gobierno de transición, iban a ser designados ejecutivos de la empresa mixta que se busca crear en Brasil.

La falsedad de los datos sobre las reservas “fue hecho con la colaboración de un equipo técnico cuyas remuneraciones llegaron hasta 19.899 bolivianos, además de otros beneficios”, se indica.

René Martínez  / La Paz

En 13 años el Gobierno planteó dos modelos económicos: “El cambio de matriz productiva”, presentado en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, y en 2010 aplicó otro: “La Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico”.

Respecto al cambio de matriz productiva, era un planteamiento enfocado a impulsar y diversificar la producción nacional, a partir de la reinversión de los excedentes económicos generados por los sectores estratégicos, como hidrocarburos. El modelo planteaba que el Estado, capte y administre los excedentes económicos provenientes de los sectores estratégicos (hidrocarburos principalmente), los cuales deberían ser reorientados hacia los sectores generadores de ingresos y empleo.

Este modelo, más allá de formularse como una idea, no fue efectivizado mediante políticas, estrategias y programas. En la práctica, el planteamiento fue abandonado y desplazado por otras políticas, como el programa Bolivia Cambia – Evo Cumple, y los mayores recursos que el sector público recibió en los años de bonanza se tradujeron en una expansión del gasto público a todo nivel.

Los mayores recursos que el Estado recibía resultaron en un crecimiento del gasto público y se olvidó la mirada de largo plazo, y la necesidad de trascender el patrón de desarrollo más allá del extractivismo, la transformación de la estructura económica del país o, al menos, sentar las bases de ese cambio. Como se observa en el gráfico, los gastos del sector público tuvieron una tendencia creciente, casi constante; disminuyeron entre 2015 y 2016, pero retomaron la tendencia. Los gastos se han multiplicado varias veces en los últimos años. Se ha incrementado tanto el gasto corriente (que representa la mayor parte), como la inversión pública.

Inicialmente, esta expansión del gasto fue posible gracias a los mayores recursos provenientes de los sectores extractivos, como hidrocarburos, pero incluso se registra un incremento del gasto después de concluida la bonanza. Pese a que en la práctica no se implementó el modelo planteado, el país experimentó interesantes tasas de crecimiento durante los años de la bonanza, fenómeno similar a la región latinoamericana que se benefició del ciclo favorable de ingresos por altos precios de las materias primas. Y desde el año 2010, el Gobierno presentó otra explicación u otro modelo: “La Demanda Interna: Motor del Crecimiento Económico”.

La explicación sucinta de este modelo refiere que el impulso de la demanda interna, por parte del Estado, a través del gasto y de la inversión, se traduce en un mayor crecimiento económico, el mismo que sería sostenido en el tiempo.

Según esta nueva argumentación, en la última década, la economía se habría desempeñado bajo esta línea; sin embargo, presenta diferentes debilidades o limitaciones, tanto en su planteamiento teórico como en los resultados alcanzados expresados en diferentes indicadores económicos, peor aún en el marco del actual contexto económico menos favorable después de la caída de los precios de los hidrocarburos.

Al analizar este segundo modelo, se puede indicar que no es la demanda en sí misma la que permite generar esta dinámica, sino, hay una condición previa que permite activar el proceso, y es la disponibilidad de recursos suficientes para expandir el gasto. Desde un principio, no era consistente afirmar que este proceso sería sostenible, puesto que estaba siendo alimentado con recursos provenientes de fuentes no renovables y que dependen de precios internacionales volátiles, como son los hidrocarburos. En la actualidad, estos recursos han caído y, ante la disminución de ingresos, se está reemplazando el financiamiento de la expansión del gasto público con mayor endeudamiento.

Este modelo, a diferencia del planteamiento inicial de “cambio de matriz productiva”, no es una propuesta productiva. En consecuencia, se habría abandonado la propuesta de promover la producción (la oferta), a cambio de fomentar la demanda o el consumo. Si bien el argumento oficial plantea el impulso de la demanda interna para lograr un crecimiento sostenido, en realidad, ésta sería una medida para un corto plazo, puesto que para el largo plazo se hubiera tenido que constituir y/o potenciar un sector productivo.

Es preocupante el enfoque que se le ha dado a la inversión pública en este proceso. A diferencia del gasto, la inversión pública debería estar enfocada hacia un objetivo mayor que es el crecimiento y desarrollo de largo plazo; ésta debería impulsar las capacidades productivas. Sin embargo, de acuerdo con las explicaciones del modelo, se habría reducido su rol, y la inversión tendría como finalidad impulsar la demanda interna. En ese sentido, será importante analizar la calidad de la inversión pública de los diferentes niveles de gobierno en sentido de evaluar si aportó a un mayor crecimiento y desarrollo, presente y futuro.

En síntesis, el modelo de la “Demanda Interna”, para cumplir con sus objetivos, requiere de ingresos disponibles para alimentarlo y de un sector productivo potenciado, factores que no se cumplen en el país. No obstante, siendo que evidentemente la demanda agregada se dinamizó, es importante analizar si con el diseño de las políticas públicas, y bajo las condiciones actuales, esta mayor demanda se tradujo en oportunidades para la producción nacional.

Al respecto, bajo el nuevo enfoque del Estado, el discurso del Gobierno, las políticas y las condiciones jurídicas no dieron certidumbre y seguridad para los inversionistas. Asimismo, las altas cargas y regulaciones laborales e impositivas que enfrenta el productor nacional han sido y son desfavorables para los emprendimientos formales. Otro factor que afecta a la producción nacional es el tipo de cambio, el cual fue congelado desde    2011, que ha favorecido a la comercialización y venta de los productos importados (y de contrabando). La moneda nacional está sobreapreciada y los productos extranjeros son relativamente más baratos que los nacionales.

Estas condiciones han sido desfavorables para ampliar la producción a través de la inversión privada y para la venta de productos nacionales (transables) en el mercado interno. Este modelo no funciona como mecanismo para conducir la economía hacia un crecimiento sostenido, e insistir con este postulado y pretender continuar con la dinámica de expandir el gasto, ahora a través de un mayor endeudamiento, podría llevar al país a una situación de insostenibilidad. Esta forma de conducir la economía ha significado gastar lo que se tenía y, ahora, gastar hasta lo que no se tiene.

Reconducir la economía

En el escenario actual, hay la imperiosa necesidad de reconducir la economía, pero no desde un debate ideológico sobre izquierda o derecha, carente de una base técnica, puesto que no aporta a la construcción de políticas públicas en favor del país y, por el contrario, genera contradicciones y cierra posibilidades. En adelante, se debe abrir un diálogo para la toma de decisiones de políticas adecuadas y específicas para construir una economía estable, sostenible, productiva y diversificada.

Es fundamental abordar temas como la generación de las condiciones e incentivos para el productor nacional, la problemática de la informalidad, el cómo hacer política pública sectorial en un Estado con autonomías, temas que son fundamentales y que han sido relegados en estos años.

En el marco definido por la Constitución, se requiere un nuevo plan de desarrollo a base del escenario macroeconómico actual y futuro; y políticas de desarrollo productivo efectivas, más allá de sólo la participación estatal.   Antes de implementar un modelo, el próximo Gobierno deberá garantizar la estabilidad económica. Problemas urgentes como el  déficit fiscal y mayor endeudamiento, y el tipo de cambio y caída de las reservas  son facturas pendientes de la actual gestión.

René Martínez es analista de Fundación Jubileo

Página Siete Digital / La Paz

Unas 50 organizaciones de la sociedad civil boliviana, agrupadas bajo la sigla de Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (Adhma), presentaron sus informes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque detectaron más de 20 casos que demuestran violaciones sistemáticas de derechos en el territorio boliviano.

“Las disposiciones constitucionales relativas a la protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por las normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 (2014) y el Decreto Supremo 2366 (2015) que permite realizar actividades hidrocarburiferas dentro de las áreas protegidas”,  señala el informe de Pueblos Indígenas y medio ambiente 2019, de Adhma.

La evidencia sobre afectación medio ambiente y derechos de pueblos indígenas que encontraron, fue que hay actividades extractivas que estarían degenerando el medio ambiente. El mismo informe señala que existen casos de contaminación de agua en el Lago Poopó, también se detectó la vulneración de ocho casos, entre ellos: el derecho a la consulta libre, previa e informada sobre actividades de minería y construcción de infraestructuras.

Otros casos detectados son los relacionados con violencia e impunidad como los registrados en Takovo Mora y el Tipnis. “Bolivia ha contraído obligaciones internacionales en relación al respeto, garantía y protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, señala el informe con la observación de que el Estado boliviano había incumplido sus obligaciones internacionales relacionadas a los derechos de los pueblos indígenas.

Adhma envió los documentos para que el organismo internacional examine las responsabilidades y obligaciones del Estado boliviano sobre investigaciones relacionadas con “derechos humanos, actividades extractivas y grandes infraestructuras”, informó el Centro de Documentación e Información e Bolivia (Cedib).

Las organizaciones que están bajo la sigla Adhma son: La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia (Apdhb) y La Paz, Fundación Jubileo, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda), Warmis en Resistencia, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos (Vcddhh), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (Caoi), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), entre otras.