La situación de debilidad institucional que ha dejado la crisis política en Bolivia, sumada a la crisis por la pandemia, obligan a reflexionar sobre cómo contribuir al fortalecimiento democrático. La violación a los derechos políticos y principios constitucionales han tenido nefastas consecuencias para el pueblo boliviano que merece vivir en una república efectivamente inclusiva, respetuosa de la división de poderes, y los derechos cívico-políticos del conjunto de la ciudadanía.
Bolivia fue uno de los países que tuvo elecciones durante el llamado “superciclo electoral” que comprendió de 2017 a 2019[1]. Daniel Zovatto afirma que la década que precedió a este superciclo culmina con momentos turbulentos y de creciente agitación social y política en América Latina, que contradicen las expectativas que se tenían a su inicio, cuando la recuperación de las democracias y el crecimiento económico parecían dar paso a un mejor panorama.
La última década
Un muy bajo crecimiento de los indicadores económicos que anticipan números rojos para 2020 -con el consiguiente impacto en los indicadores sociales (la pobreza se incrementó al 30,8%)-; un notorio descontento de la ciudadanía ante el incumplimiento de las expectativas democráticas; la falta de confianza en las instituciones y una gran crisis de representatividad. Estas son algunas de las características de la última década en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, México y Brasil, donde se ven manifestaciones y movilizaciones con un alto grado de violencia, anarquía y fragilidad estatal.
Estas características denotan un deterioro de las democracias de la región, en la que además existen diferentes manifestaciones de un sistema de gobierno que parece diluirse en su sentido y significado. Aparentemente, las democracias conquistadas durante el siglo XX no lograron satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos al instaurar los derechos políticos sin garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales; los ciudadanos tienen un mayor acceso a la vida política pero no cuentan con los mecanismos para ejercer la vida civil con un mínimo de estabilidad económica.
Sin embargo, aunque Bolivia forma parte de este grupo de países que comparten estas condiciones, entre 2007 y 2017, con los altos precios de las materias primas, el gobierno tuvo una gran holgura económica que le permitió liderar un proyecto de crecimiento económico y de inclusión de los grupos indígenas con el cambio de la Constitución Política del Estado en 2009, sin que esto quiera decir que se hubiera avanzado en la institucionalidad democrática ni en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como veremos más adelante.
La nueva década de los 20
Para entender el ingreso de Bolivia a la década de los 20 es útil retroceder a 2005, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) aparece como un partido con características y propuestas diferentes a los otros partidos políticos, denominados “tradicionales” o “neoliberales”, que hasta ese momento se habían movido en el terreno de las “democracias pactadas”. El MAS, con un triunfo del 53%, no necesitó pactar con ningún otro partido en el extinto congreso para imponer el “proceso de cambio”, que definitivamente transformó a la sociedad boliviana.
A partir de 2006, y por tres gestiones, el MAS gobernó con luces y sombras implementando la idea del Estado Plurinacional, y abriendo la posibilidad de inclusión de la población indígena que de alguna manera encontró un lugar y una identidad para ser; aunque[2] no parece haber claridad en las características que definen a los sujetos de estos derechos en la constitución, más aún si se considera que la construcción y definición de los pueblos indígenas son aún un proceso en marcha.
Según Fernando Mayorga[3], el curso del proceso político del MAS tuvo un punto de inflexión en 2016, cuando el 51.3% de los votos válidos del referendo que buscaba viabilizar una nueva repostulación de Evo Morales en las elecciones generales de 2019 correspondió a la opción por el NO. A esto, Mayorga afirma que se añadieron la desaceleración económica por la bajada de los precios de las materias primas, el fin del llamado “giro a la izquierda”, y el fallo sobre el mar a favor de Chile en la Corte Internacional de Justicia. La idea de que la popularidad de Evo Morales podía bajar y poner en riesgo una nueva reelección motivó al MAS a llamar a un referendo que legitimara esta intención.
Pero la derrota del MAS en el referendo del 21 de febrero de 2016 dio paso a una serie de movilizaciones de reclamo al respeto del voto, y denunciaron una visión autoritaria del partido gobernante. Este descontento fue exacerbado cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional TCP -proclive al MAS- mediante una Sentencia Constitucional dejó sin efecto los resultados del referendo, y en suspenso artículos de la Constitución Política del Estado referidos a la reelección que establecía la re postulación por una sola vez de manera continua.
Sin embargo, el “guardián” de la constitución, amparado en la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretó que las autoridades tienen derecho a la “reelección indefinida”. Este escenario ha mostrado un claro abuso de las reglas democráticas de un gobierno elegido en las urnas y el ejercicio de mecanismos propios de las llamadas “democracias liberales”.
En medio del malestar por la repostulación del entonces presidente Evo Morales, Bolivia llegó a las elecciones de 2019, anuladas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) publicara el Informe de Auditoría de las elecciones del 20 de octubre, en el que concluyó que hubo “operaciones dolosas” que alteraron la “voluntad expresada en las urnas”
A partir de este hito, transcurrieron 21 días de protestas masivas y paros en todo el país, protagonizadas por una generación -en particular- de jóvenes bolivianos que enarbolaron la denominada “revolución de las pititas”[4], que terminó con la renuncia sorpresiva de Morales a la presidencia y un vacío de poder en el Gobierno por la dimisión del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del presidente de la Cámara de Diputados.
Ante el desgobierno, la oposición llevó adelante una sucesión con la senadora Jeanine Añez como presidente del Estado, para un gobierno de “transición”, con el objetivo de pacificar el país y garantizar un nuevo proceso electoral transparente. El periodo de transición terminó prolongandose por un año a causa de la pandemia del covid-19; fue una gestión criticada por altos niveles de corrupción y caracterizada por cuestionadas acciones judiciales contra militantes del partido de Morales.
Elecciones generales 2020
Las elecciones generales de 2020, que se llevaron a cabo el 18 de octubre después de tres postergaciones, fueron accidentadas por la pandemia del coronavirus y por la crisis político institucional. Con ambas circunstancias tuvo que lidiar el Tribunal Supremo Electoral, además de tener que ganarse legitimidad ante su débil institucionalidad. Contra todo pronóstico, la jornada electoral transcurrió de forma tranquila, con la asistencia a las urnas de más del 80% de la población votante[5]. La pacífica celebración de estas elecciones, y el tono conciliador del ganador y de los principales contendientes, mostró el apoyo de los bolivianos a un proyecto iniciado en 2006, pero sin su líder, Evo Morales, sino con un nuevo rostro, del que durante más de una década fuera su ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora. El contexto contrasta fuertemente con un país que un año atrás se encontraba con un vacío de poder, una marcada polarización, una alta conflictividad y un grave riesgo para la democracia.
Del poder nacional a la conquista de los poderes locales
Elecciones subnacionales 2021
El antecedente de las elecciones subnacionales (elección de autoridades locales y regionales) de 2015, que mostró un triunfo para el MAS -conquistó seis de los nueve departamentos del país en la elección para gobernadores y venció en 227 de las 339 alcaldías, así controló el 67% de los gobiernos locales- se constituye en un contexto muy importante para las próximas elecciones del 7 de marzo por las similares condiciones que se presentan: un MAS de Evo Morales fortalecido por su última victoria, y una oposición débil y fragmentada, con la intención -poco probable por lo que ha sucedido en anteriores elecciones- de no fragmentar el voto y mejorar las opciones de vencer al oficialismo.
Con más de 20 mil candidatos inscriptos se elegirá a gobernadores, alcaldes -algunos mediante usos y costumbres de las poblaciones indígenas- legisladores departamentales y concejales, cerrando de esta forma este ciclo electoral en Bolivia. Las autoridades elegidas en los diferentes niveles locales tendrán un desafío muy grande para enfrentar la reducción de sus ingresos por la crisis económica y la crisis sanitaria, y para lograr gobernabilidad en medio de la crisis político institucional que vive el país. La nueva configuración del poder en Bolivia deja en suspenso las reales posibilidades que existirán para lograr consensos a través de una efectiva participación ciudadana, como un mecanismo democrático.
La democracia después del ciclo electoral boliviano
Llegar a las elecciones nacionales de octubre del 2019 y 2020 implicó atravesar un proceso de más de una década de debilitamiento de las instituciones del Estado y de la democracia, con evidentes muestras de dependencia de los poderes del Estado al Gobierno central.
La sucesión de acontecimientos marcados por la conflictividad, la corrupción, la crisis política, económica, sanitaria y probable abuso de poder de las autoridades por la necesidad de controlar la pandemia, no hacen sino confirmar la necesidad de dedicar un buen tiempo para reflexionar sobre cómo queda la institucionalidad democrática. La constatación de la grave violación a los derechos políticos, a los principios constitucionales en la última década invitan a pensar en cómo se puede contribuir a mejorar el sistema político y democrático para evitar sucesos similares.
De las múltiples formas en que esto pueda ser posible, la reflexión y el análisis desprovisto de intereses particulares pueden plantear nuevas directrices que ayuden a entender mejor por qué los mecanismos democráticos utilizados en Bolivia han dado paso a altos grados de conflictividad y de polarización social, a una corrupción generalizada, a la falta de confianza en las instituciones y a la violación sistemática de los derechos civiles y políticos de la población boliviana. Al igual que en otros países de la región, la idea de la democracia formal parece no alcanzar para explicar las causas o consecuencias de las transformaciones de la sociedad.
¿Qué ha sucedido con las elecciones democráticas celebradas en Bolivia en los últimos 20 años? ¿Qué diferencias sustanciales en el ejercicio democrático han existido desde las democracias pactadas hasta la llegada y conclusión de una primera fase del proyecto del MAS? ¿Qué proyecto de Estado es el elegido en las últimas elecciones de 2020? ¿Qué significado tendrán las próximas elecciones subnacionales en este nuevo período del partido gobernante? ¿Es que la democracia no ha evolucionado junto con las transformaciones de la sociedad a partir del “proceso de cambio”?
Estas y otras preguntas pueden alimentar el análisis del estado de la democracia en Bolivia porque las transformaciones de la sociedad son muy grandes para ignorarlas, porque existen nuevos actores políticos que han ganado protagonismo y/o porque la ciudadanía incluye a nuevos ciudadanos que enfrentan procesos confusos en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, entre otras cosas.
¿De dónde debe venir una propuesta para mejorar la calidad de la democracia? El director de Fundación Jubileo[6], Juan Carlos Núñez, plantea, por ejemplo, la necesidad de fomentar la participación activa de la ciudadanía, acompañada por procesos de transparencia y acceso a la información de un gobierno abierto; por otro lado, afirma que en esta coyuntura se debe hablar de democracia y desarrollo porque están íntimamente vinculados por la situación crítica que estamos viviendo. “Hablar de generar iniciativas de diálogo y capacidad de concertación para buscar mejores días para Bolivia incluye mecanismos del diálogo y acuerdos que faciliten el reencuentro entre bolivianos, como algo fundamental para una democracia que vaya de la mano con el desarrollo para darle el goce pleno de los derechos humanos a todos los ciudadanos”.
Por supuesto que Bolivia no está exenta de las presiones externas que han estado afectando los procesos democráticos de los países de la región, pero el intento de empezar por resolver las tensiones internas podría ser el camino para buscar una democracia más equilibrada, más abierta, menos prejuiciosa, y que vaya de la mano de una concepción holística de las necesidades de los ciudadanos.
La integración efectiva de las poblaciones indígenas en la vida civil, mejores niveles de vida, mejor salud, mejor educación, disminución de las desigualdades y el respeto irrestricto a los derechos de las personas podrían lograr instituciones más fuertes, ciudadanos mejor informados y mayor transparencia en todos los niveles del Estado, de modo que la percepción del uso de reglas democráticas para actuar con autoritarismo pueda ser denunciado y evitado.
La sociedad boliviana es un tejido intrincado de culturas ancestrales y modernas, de conductas arraigadas y de tecnologías de última generación. Y esta sociedad, vista desde sus complejidades humanas, es la que debe encontrar caminos para existir con mecanismos que sean democráticos. Así, los movimientos sociales que han debilitado a los partidos políticos, las plataformas ciudadanas de la clase media que defendieron el referendo de 2016, las juventudes o los movimientos femeninos que reclaman una efectiva participación política más allá de la promulgación de leyes, los empresarios del oriente o los habitantes de zonas rurales que sufren los efectos de la brecha digital forman parte de una misma sociedad boliviana que necesita de nuevas formas de hacer democracia y de nuevas narrativas que logren disminuir las desigualdades, mejorar los niveles de vida, crear espacios de identificación cultural, de deliberación social y contar con mecanismos efectivos que permitan el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de lograr consensos a pesar de las diferencias culturales y económicas.
Las elecciones que se viven en Bolivia desde la recuperación de la democracia -y que ahora también son monitoreadas por la observación nacional[7] como un ejercicio activo de la ciudadanía que vela por la transparencia de los procesos electorales- son parte de los mecanismos que permiten la renovación del poder en un Estado de Derecho, pero no son suficientes para garantizar la calidad de la democracia. Y en una sociedad en constante transformación, la idea de la democracia debe evolucionar y acompañar estos cambios. Es hora de pasar del discurso del llamado “Estado Plurinacional” a un Estado que realmente sea inclusivo, que respete los derechos de todos los ciudadanos, que fortalezca su institucionalidad en base a la independencia de poderes y que funcione sin hacer un uso abusivo de las reglas democráticas. Es hora de repensar la democracia en Bolivia.
[1] EL SÚPER CICLO ELECTORAL LATINOAMERICANO 2017-2019: EL VOTO DE ENOJO EN TIEMPOS DE FATIGA DEMOCRÁTICA Y MALESTAR CON LA POLÍTICA, Daniel Zovatto, Análisis Carolina, 23 de enero de 2020
[2] Moreno Morales, Daniel E. Nación, diversidad e identidad en el marco del Estado Plurinacional / Daniel E. Moreno Morales; Gonzalo Vargas Villazón; Daniela Osorio Michel. — Cochabamba: Fundación PIEB, 2014, pág. 133
[3] Giros políticos y desafíos democráticos en América Latina: enfoques de casos nacionales y perspectivas de análisis / Gerardo Caetano … [et al.]; compilado por Gerardo Caetano; Fernando Mayorga. – 1a ed.- Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: CLACSO, 2020.
[4] El denominativo de pititas lo dio el mismo Evo Morales quien burlonamente afirmó que podía dar talleres a las personas para enseñarles cómo se debe bloquear las calles sin “pititas ni llantitas”.
[5] En Bolivia el voto es obligatorio.
[6] La Fundación Jubileo es una institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales y económicos en La Paz Bolivia. Es la promotora de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia OCD Bolivia.
[7] Desde las elecciones de octubre de 2020, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia efectúa observación nacional acreditada por el Tribunal Supremo Electoral.
Sandra Verduguez
Comunicadora Social, con experiencia en el ámbito electoral. Fue Directora Nacional de Educación Cívica y Ciudadana de la ex Corte Nacional Electoral de Bolivia. Trabajó como consultora internacional en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL del Instituto Internacional de Derechos Humanos IIDH. Actualmente es responsable del Área de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo y Vocera de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, OCD BOLIVIA.
